La Mesa insta a una coordinación urgente entre el ingreso mínimo vital y la renta garantizada para reducir la pobreza en Cataluña
"Todavía estamos muy lejos de alcanzar el pico de la crisis social. Por lo tanto, la eficiencia será clave para mitigar el fuerte impacto social de la pandemia ".
La Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, que agrupa y representa a más de 3.000 entidades sociales catalanas, hace un primer balance sobre los nuevos datos de pobreza de la Encuesta de Condiciones de Vida del IDESCAT, a partir de la información recogida durante en 2019, por lo tanto, el informe aún no refleja el impacto social de la COVID-19.
El informe evidencia que en Cataluña hay una pobreza estructural: cerca del 44% de la población catalana se encuentra en riesgo de pobreza antes de las transferencias sociales (2,6 puntos más que en 2018), es decir, de la intervención de las Administraciones a través de las pensiones, las prestaciones y las ayudas. Así, el peso de las transferencias sociales explican la disminución de la tasa de riesgo de pobreza que en 2019 es del 19’5%, dos puntos por debajo respecto al 2018. En Cataluña, este ligero descenso podría ser debido a la mejora de la aplicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la principal herramienta de lucha contra la pobreza y las desigualdades.
Una vez más, se constata el impacto desigual de la pobreza. El informe revela que sigue golpeando especialmente la infancia con un incremento de la tasa de riesgo de pobreza que ya se sitúa en más del 30% (28% en 2018) y las personas migradas, que pasan del 48% (2018) al 50 %. Si nos fijamos por tipología del hogar, destaca la situación de los hogares monoparentales. Casi la mitad de los hogares monoparentales están en situación de pobreza (47%) y duplican el riesgo en comparación con las otras. Este año, se acentúa especialmente el apartado de «otros hogares con hijos dependientes», donde la tasa de riesgo de pobreza aumenta del 18% (2018) al 30% (2019). La causa podría estar relacionada con la emergencia habitacional y el aumento del precio del alquiler que obliga a las personas a convivir con otras unidades familiares o con la familia extensa.
La Mesa hace hincapié en que estos datos hacen una fotografía social de las condiciones de vida preCovid y, por tanto, aún no recogen las consecuencias sociales de la pandemia en Cataluña. «Todavía estamos muy lejos de alcanzar el pico de la crisis social» avisa la Mesa que insiste en que «ahora más que nunca hay que asegurar la garantía de ingresos y, por ello, es imprescindible que los dos gobiernos concreten inmediatamente el encaje de el ingreso mínimo vital y la renta garantizada «. En este sentido, la Mesa recuerda la declaración de la Comisión de Gobierno de la Renta Garantizada y apoya al Gobierno en la necesidad de avanzar hacia una mayor integración entre las dos prestaciones.
Urge la coordinación entre los dos gobiernos
Un mes después de la puesta en marcha del IMV, la Mesa del Tercer Sector remarca que «para que sean eficientes es imprescindible que los dos gobiernos, el español y el catalán, concreten inmediatamente los acuerdos, convenios y protocolos de coordinación entre ambas administraciones «y advierte de que» si en 2019 la pobreza estructural ya era del 44% en Cataluña y la previsión es que la situación empeore una vez se empiecen a hacer visibles las consecuencias del virus, herramientas como el ingreso mínimo vital y la renta garantizada serán clave para mitigar el fuerte impacto social de la pandemia «.
La Mesa recuerda que, si el encaje entre las dos prestaciones no es el correcto, se pueden dar situaciones que perjudican a las personas que están en una situación de mucha vulnerabilidad, como trámites excesivos o innecesarios o cobros indebidos. «Siempre hemos reclamado una ventanilla única y hemos advertido que los trámites deben ser ágiles para que las trabas burocráticas facilitan que las personas queden fuera de este derecho y eso no puede pasar en un momento tan complejo como este».
La Mesa también pide que se pongan en marcha las mesas de coordinación territoriales para dar respuesta a la crisis social, de la mano de los agentes sociales, y hace énfasis en la necesidad de que aumente la cuantía y amplíe la cobertura de la RGC para que llegue a col colectivos que ahora quedan excluidos (personas sin papeles, jóvenes entre 18 y 23 años y personas sin hogar) y que el sistema que resulte del encaje de las dos prestaciones sea compatible y complementario con otras ayudas, sobre todo las de vivienda . «Antes de la COVID-19, ya había una emergencia habitacional que excluía casi 1 millón de personas en torno a Barcelona y esta situación ha empeorado más porque, en los 3 meses del estado de alarma, las peticiones de ayuda a las entidades sociales para hacer frente a los gastos de la vivienda se han duplicado «subraya.
Por otra parte, la Mesa del Tercer Sector alerta que, ni un posible agravamiento de la crisis sanitaria ni la llegada del mes de agosto, debería dificultar las solicitudes de las prestaciones. Por ello, pide que las oficinas y los diversos sistemas de atención ciudadana absorban toda la demanda para garantizar el acceso a este derecho y no repetir episodios como los recientes porque «la pobreza no hace vacaciones».
