Leyes y realidad social

«No todo se puede regular. La realidad individual y social siempre está por encima de lo previsto».

Es ciertamente difícil encontrar una definición suficiente para «la realidad». ¿Aquello que percibimos, directa o indirectamente, a través de nuestros sentidos físicos? Quizá deberíamos añadir los cinco sentidos emocionales de los que habla la Dra. Pilar Muñoz Calero en su libro La embriología del Universo: los que informan nuestra emoción (el sentido de la vida, el sentir del ser, del bienestar, de la afinidad y de la relación).

Sea como sea, dentro de esta realidad se desarrolla la relación humana, que se mantuvo durante siglos limitada a satisfacer las necesidades básicas: comer, beber, protegerse del clima, sobrevivir a los ataques de los animales…

Las virtudes del «grupo» como conjunto de elementos que lo componen pronto evidenciaron su eficacia y la constatación de la necesidad de una pauta, de una norma para ser más eficaz a la hora de alcanzar los objetivos.

En primer lugar, esta pauta es impuesta por el más fuerte, el que es capaz de someter a los demás; junto a él o alternativamente, aquel que podía interpretar las angustias, los miedos a lo desconocido, la percepción de algo más, no explicable físicamente, que condicionaba el comportamiento.

El nacimiento de la norma y de la ley

Con el paso de los siglos, y mientras la comunidad era de pequeña dimensión, la costumbre oral fue la forma de transmitir la pauta de actuación de generación en generación. Pero cuando la dimensión de las comunidades creció junto con la diversidad de opiniones e interpretaciones, fue necesario establecer una pauta concretada, escrita, conocida por todos a la que poder referirse: nace la norma, la ley.

Es en Mesopotamia donde encontramos una de las primeras recopilaciones de normas escritas: el Código de Hammurabi, en el 1750 a. C. Después, Grecia y Roma sentenciarán la eficacia y la necesidad de la ley.

Durante muchos siglos, la ley venía implantada por el rey o el dictador de turno, o por la máxima autoridad religiosa.

En Grecia, la participación ciudadana en la elaboración de las leyes tuvo una cierta importancia que creció en el Derecho romano, básico en nuestro sistema normativo, a través del Senado.

En aquellos tiempos ya advertimos el objetivo sustancial de las leyes: regular o evitar la violencia, establecer derechos y deberes de las personas, protegerlas junto con sus derechos y organizar el poder político, la máquina que generará nuevas normas.

Obviamente, todo esto nos lleva a poder afirmar algo obvio: la ley nace de la necesidad de regular la convivencia humana. La realidad social existente.
De la ley impuesta al sistema democrático

Es evidente que la ley que emana de un sistema dictatorial nada tiene que ver con la ley emanada de un sistema democrático, elaborada a partir de la voluntad mayoritaria, expresada por los representantes populares y votada libremente por los mismos. Pero no hay que olvidar que en ambos sistemas políticos, dictatoriales o democráticos, el carácter coercitivo de la ley obliga a sus súbditos.

En el período revolucionario (1774-1848), la revolución en EE. UU., en Francia y la Revolución Industrial significaron el tránsito de las monarquías absolutas a los estados constitucionales, con reconocimientos de valores sustanciales a nivel personal (libertad, igualdad, fraternidad), laboral y social, plasmados en las diferentes constituciones o grandes leyes.

La conquista de los derechos sociales

Desde el siglo XIX, en el mundo occidental, salvo el período de la Primera y Segunda Guerras Mundiales o, mejor dicho, también como consecuencia de las experiencias de estos lamentables períodos, las sociedades civiles se van concienciando poco a poco, pero cada vez más, de los valores de la solidaridad, la igualdad, la justicia y de su demanda ante la ayuda social, la igualdad de oportunidades y ante la justicia, el derecho a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la no discriminación por sexos…

A modo de ejemplo, durante el siglo XIX fueron varias las leyes que se promulgaron en el marco de los derechos civiles, con la abolición de la esclavitud en muchos países y los primeros reconocimientos de los derechos de las mujeres.

En el campo de la educación, varias leyes ampliaron la de carácter público, consiguiendo un avance significativo en la alfabetización de la población.
En cuanto al ámbito laboral, a raíz de la Revolución Industrial, se legisló para regular la reducción de la jornada laboral, la limitación del trabajo infantil, la seguridad, la creación de sindicatos obreros, etc.

Y ya durante el siglo XX advertimos un gran avance con el reconocimiento de los derechos humanos por la ONU en 1948; las primeras legislaciones sobre igualdad de género con el reconocimiento del voto femenino en muchos países y un incremento del acceso de la mujer a la educación y al trabajo. La gran expansión de la educación universitaria y la drástica reducción del analfabetismo en el mundo occidental.

En el ámbito laboral se promovieron legislaciones para regular la jornada laboral de ocho horas, las vacaciones pagadas o el sistema de protección a los trabajadores.

El Estado del bienestar y los límites de la ley

En el mundo democrático, el poder establecido, modulado por la voluntad popular, establecía leyes que, si bien, como siempre, han servido para reforzar los mecanismos de poder, inevitablemente regulaban aspectos humanos y sociales reclamados como logros del progreso individual y comunitario; conformando lo que se conoce como Estado del bienestar, donde podemos señalar como logros legislativos fundamentales: los sistemas de seguridad social, el acceso a la salud pública en muchos países y una mejora generalizada de las condiciones laborales para la clase trabajadora.

Pero la bondad de este Estado del bienestar no llega a todos, por mucho que se legisle. No todo se puede regular. La realidad individual y social siempre está por encima de lo previsto.

La justicia social tiene importantes grietas que la legislación no ha llegado a cubrir, porque la realidad la desborda o porque no conviene al mantenimiento del poder político.

El papel de las entidades sociales

Y es aquí donde encontramos a las entidades sociales privadas. Organizaciones sin ánimo de lucro, creadas por iniciativa privada cuya finalidad es la intervención social, la atención a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad, la defensa de los derechos sociales.

Entre las españolas, cabe destacar la creación de la Cruz Roja Española, que nació en 1864 por una Real Orden de la reina Isabel II.

En el año 1947, la Conferencia Episcopal Española crea Cáritas Española, dentro del contexto de la posguerra civil, con la grave pobreza y las necesidades sociales derivadas de la misma, con el objetivo de combatir la pobreza y la exclusión social y promover la dignidad humana.

Como entidad social privada, no forma parte de la Administración pública, pero está en estrecha colaboración con ella.

Nace, por tanto, como una institución de la Iglesia católica, respondiendo a su compromiso con las personas en situación de necesidad. Más tarde, en el año 1959, lo haría Manos Unidas, fruto de un manifiesto católico contra el hambre.

A nivel internacional cabe destacar la creación de Save the Children, en 1919, Oxfam, en 1942, Medicus Mundi, en 1963, y Sant’Egidio, en 1968, esta última también dentro del ámbito de la Iglesia católica.

De hecho, en el fondo, todas ellas, en su especialización, dan servicio al remanente de situaciones que no contemplan las leyes o que estas regulan deficiente o indebidamente. Cumplen además una importante tarea: la denuncia de la injusticia, de la carencia o del abuso.

Las entidades sociales en el marco de la ley

Pero, como toda entidad en un Estado de derecho, están, al mismo tiempo, reguladas por las leyes.

En la Constitución Española, como fundamento legal básico, los artículos 22 y 34 reconocen respectivamente los derechos de asociación y legitiman la existencia de las entidades sociales privadas.

En nuestra tierra, el Libro tercero del Código civil de Cataluña (Ley 4/2008) regula detalladamente estas dos entidades jurídicas. Y la Ley 12/2007, de servicios sociales, reconoce el papel de las entidades privadas en el sistema público de servicios sociales y regula la colaboración público-privada.

Las entidades sociales de carácter privado frecuentemente se han convertido en los notarios de la realidad social que espolea los sentimientos dormidos o ciegos, a nivel individual y colectivo, para dar solución a una carencia, un desajuste o una injusticia detectada, teniendo en cuenta que las necesidades de las personas acompañadas por estas organizaciones van cambiando.

El cambio de las necesidades sociales

Permitidme que me traslade ahora a la casa donde presto actualmente mi servicio de voluntario: Cáritas Diocesana de Tarragona.

Los servicios básicos de alimentación y suministro de ropa, tradicionales desde su fundación, como necesidades primeras y básicas de las personas sin recursos o en situación de exclusión, continúan existiendo gracias a Dios y a la Administración pública, pero podríamos decir, con toda la prudencia que se quiera, que, salvo casos concretos, ya no es la reclamación principal de las personas atendidas.

A la persona que actualmente se encuentra en una situación de necesidad, le es más necesario encontrar un trabajo suficientemente remunerado, una vivienda digna, o poder regularizar su situación en este país, que conseguir alimentos o ropa, que, afortunadamente, siempre acabará encontrando a través de los mecanismos sociales actualmente establecidos, de carácter público o privado.

Recordemos que todas estas necesidades están reguladas por las leyes (la vivienda, el trabajo, la regularización de la situación administrativa de las personas migrantes); pero a menudo de una manera insuficiente o inapropiada o bien porque su desarrollo ha sido deficiente.

La primera ayuda para estas personas es el acompañamiento a la hora de hacerles conscientes de sus derechos y de la posibilidad de ejercerlos, así como la ayuda en su formación (aprendizaje del idioma y de un oficio) y a saber ejercer el cumplimiento de sus obligaciones.

De ahí el cambio de paradigma que hemos asumido en las diferentes Cáritas: el acompañamiento con derechos y obligaciones, que dignifica a las personas.

El sinhogarismo: de la realidad social a la ley

Permitidme que, finalmente, como ejemplo del peso que tienen las organizaciones privadas de carácter social, destaque la propuesta de Ley de medidas transitorias para hacer frente y erradicar una realidad social crónica, el sinhogarismo, cuya tramitación fue suspendida y caducó en 2024 con motivo de la disolución del Parlamento por la convocatoria de elecciones.

Retomada en esta legislatura de 2025, la mencionada proposición de ley, con una versión prácticamente idéntica a la primera, con unas pequeñas correcciones, esperamos que vea la luz durante 2026.

Entre las entidades sociales que promueven la proposición de ley están Cáritas Catalunya, Arrels Fundació, Assís Centre d’Acollida y la Fundació Sant Egidi.
La propuesta y el apoyo de las entidades sociales serán sin duda capitales en la creación de la ley que regule la realidad social del sinhogarismo. Entiendo que este es el camino.