Suspensión de los desahucios y prohibición del corte de suministros a los vulnerables, una medida urgente y necesaria
"Un impacto sostenido después del confinamiento. La realidad de las familias acompañadas por Cáritas en septiembre de 2020"
Hace unas semanas, Cáritas Española publicaba su informe «Un impacto sostenido después del confinamiento. La realidad de las familias acompañadas por Cáritas en septiembre de 2020» donde se volvía a constatar, como en junio pasado, que, debido a la pandemia, más de 650.000 personas viven en hogares que no pueden hacer frente a los gastos de suministros de su vivienda y cerca de 42.000 familias se han visto obligadas a cambiar de residencia para disminuir los gastos.
Desde estas terribles e inhumanas datos cotidianas, según Cáritas, la publicación, del Real Decreto Ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, procurará, al menos temporalmente, vías de solución ante la dificultad de sostener la vivienda y las entradas totalmente necesarios para una vida digna (agua, electricidad y gas).
Ya en su documento «Por una sociedad más justa. Propuestas políticas ante las elecciones legislativas de 2019», Cáritas, como Propuesta n. 3, planteaba una reforma legislativa que proteja las familias vulnerables en caso de desalojo, solicitando a nuestros gobernantes las reformas legales necesarias para no llevar a cabo desalojos forzosos sin proveer a las personas y familias de un alojamiento alternativo, dentro de un proceso tutelado por los Servicios Sociales.
Estos meses, y ante las diversas medidas de emergencia que se han ido aprobando, Cáritas ha reiterado este recordatorio y el requisito imprescindible incluir en las mismas a todas las personas y familias en situación de vulnerabilidad, no sólo la sobrevenida por la COVID’19, sino muy especialmente los que ya de forma estructural y sostenida la venían sufriendo, y que han visto aumentada exponencialmente esta vulneración y exclusión social y económica.
Cáritas celebra la aprobación del Real Decreto asegurando que es una noticia esperada, necesaria, urgente e imprescindible, pero a la vez advierte que el Real Decreto deja algunos aspectos sin resolver, que dejarán fuera de estas medidas a personas y familias que deberían poder acceder -hay.
Cáritas propone la adopción de políticas públicas que hagan efectivo, primero, el derecho humano a la vivienda para todas las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y / o exclusión social y, en segundo lugar, el establecimiento de medidas activas para la protección de las familias ante la vulnerabilidad energética que aseguren que la transición hacia un modelo energético más limpio y sostenible es justa para las comunidades y colectivos afectados.
