La regularización extraordinaria de personas migrantes, una medida de responsabilidad social y política
Cáritas valora positivamente la regularización extraordinaria y pide garantizar un proceso accesible para todas las personas en situación administrativa irregular
Cáritas Española, junto a la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, ha valorado positivamente la aprobación del Real Decreto que permitirá una regularización extraordinaria de personas migrantes, considerándola una medida de responsabilidad política, ética y social.
Este proceso, complejo tanto desde el punto de vista técnico como logístico, se desarrollará en un periodo limitado de tiempo. Por ello, las entidades insisten en la necesidad de que la Administración garantice los recursos necesarios para ofrecer información clara y accesible, así como la posibilidad de registrar presencialmente los expedientes a todas las personas potencialmente beneficiarias.
Un paso hacia una sociedad más justa e inclusiva
Desde Cáritas se recuerda que la acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes no son solo una opción pastoral, sino una exigencia en materia de derechos humanos y una expresión coherente del compromiso social.
Esta regularización representa también el reconocimiento a la sociedad civil, que impulsó la Iniciativa Legislativa Popular con el apoyo de más de 600.000 firmas y la implicación de centenares de organizaciones.
La irregularidad administrativa, factor clave de exclusión
Las entidades alertan de la relación directa entre la irregularidad administrativa y las situaciones de exclusión social. Según datos del informe FOESSA, una parte significativa de la población migrante en situación irregular se encuentra en condiciones de vulnerabilidad severa.
En el caso de Cáritas, el 47% de las personas acompañadas en 2024 no tenía regularizada su situación administrativa, una realidad que afecta a cientos de miles de personas y que ha ido en aumento en los últimos años.
Esta situación limita gravemente el acceso a derechos básicos y genera un círculo de precariedad, invisibilidad y desprotección que impacta en el conjunto de la sociedad.
De la vulnerabilidad a la plena participación
La regularización administrativa supone un cambio profundo en la vida de las personas migrantes. Permite acceder a un empleo digno, a una mayor estabilidad económica y a servicios esenciales como la sanidad, la educación o la vivienda.
También facilita trámites cotidianos y reduce la exposición a situaciones de explotación laboral o discriminación. En definitiva, abre la puerta a pasar de la invisibilidad a la plena participación social y a una vida con derechos y oportunidades.
Además, esta medida contribuye al conjunto de la sociedad, ya que permite que muchas personas puedan cotizar y contribuir al sostenimiento de los servicios públicos y del estado del bienestar.
