La ratificación por España de la Carta Social Europea deja fuera una de sus claves, el Protocolo de 1995
Cáritas vuelve a solicitar al Gobierno y al conjunto de las fuerzas políticas que demuestren su compromiso real, sin demoras añadidas, con la protección de los derechos humanos con el instrumento más eficaz que los garantiza.
Cáritas Española aplaude el acuerdo adoptado el pasado martes (10 de noviembre) por el Consejo de Ministros -en el que se reanuda la decisión ya aprobada el 1 de febrero de 2019 que no se pudo tramitar debido a la convocatoria de elecciones generales – por el que el Gobierno dispone la remisión a las Cortes Generales de la Carta Social Europea revisada y autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por esta Carta, solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia.
A pesar de la buena noticia que supone esta decisión y la voluntad de Gobierno de retomar un asunto prioritario como este por la vía de urgencia, Cáritas lamenta que, como ya sucedió en febrero del año pasado, siga quedando fuera del acuerdo la ratificación del Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995, un instrumento clave de la Carta.
Esta omisión es especialmente grave si se tiene en cuenta que en el acuerdo de Consejo de Ministros se dice textualmente que «añade la posibilidad de suscribir el Protocolo adicional (nº3) de 1995 de reclamaciones colectivas, independiente de la firma de la Carta revisada y que España no ratificará en el presente procedimiento «.
Al excluir este Protocolo de procedimiento parlamentario que ahora se reinicia, la ratificación de la Carta Social Europea revisada se convierte en papel mojado al restar visibilidad, exigibilidad y efectividad de los derechos consagrados en la misma.
Como señalan de manera reiterada los expertos, el Protocolo rubrica por parte del Estado firmante su apuesta inequívoca por la protección de los derechos y la garantía de su cumplimiento, además de añadir ventajas adicionales que inciden directamente en cuestiones relativas, entre otras , la economía procesal, a su celeridad y el fortalecimiento del papel de los agentes y colectivos sociales.
En la actualidad, este Protocolo se puede utilizar en 15 países europeos, entre los que se incluyen Portugal, Francia o Italia.
Cáritas vuelve a solicitar al Gobierno y al conjunto de las fuerzas políticas que demuestren su compromiso real, sin demoras añadidas, con la protección de los derechos humanos con el instrumento más eficaz que los garantiza.
