Peticiones de la mesa de emergencia social del síndico de agravios en el gobierno de la generalidad

• Hay que asegurar que las personas afectadas gravemente por la crisis tienen las necesidades básicas cubiertas de forma inmediata, especialmente en el ámbito de alimentación, vivienda y suministros básicos.

• Se debe asegurar la coordinación y la complementariedad entre administraciones y también del tercer sector social, así como la dotación de más recursos para poder hacer frente al incremento de demanda que ha supuesto la situación de emergencia.

• Se debe garantizar la accesibilidad en todos los servicios y dispositivos de emergencia sanitaria y social y potenciar la atención presencial y los servicios de acompañamiento, teniendo presente que la brecha digital dificulta la relación de los colectivos más vulnerables con los servicios básicos.

• Se debe garantizar la accesibilidad en la comunicación y la información en el ámbito de la garantía de derechos básicos.

• Es necesario compensar el efecto confinamiento en los niños y las familias más vulnerables, así como en las personas con discapacidad intelectual y con problemas de salud mental, para prevenir la desprotección de los niños y asegurar la atención de las necesidades concretas de estos colectivos.

• Hay que prestar una atención prioritaria a las consecuencias de las problemáticas de salud emocional fruto del confinamiento y las restricciones impuestas durante la pandemia sobre los niños -y, especialmente, los adolescentes de los colectivos más vulnerables-, que se materializan en un aumento significativo de problemas conductuales, conflictividad familiar y un elevado malestar psíquico (con autolesiones, ideación e intentos de suicidio).

• Hay que tener en cuenta los efectos de las restricciones para la prevención de la pandemia en relación con los colectivos que no pueden cumplirlas, como las personas que duermen en la calle, y las dificultades específicas en el caso de personas y familias sin hogar que residen en viviendas compartidas o en habitaciones de pensiones, hostales o albergues.

• Hay que evitar la estigmatización de las personas que viven en la calle y garantizar la atención social básica in situ.

2. En cuanto a las carencias estructurales que ha evidenciado la situación de emergencia

• Hay que considerar los servicios sociales como servicios esenciales y valorar su contribución en la estabilidad social para atender necesidades básicas, detectar y prevenir situaciones de maltrato y violencia, y acompañar y orientar a las personas que lo necesitan, garantizando una atención presencial plena en todo momento.
• Hay que evitar la fragmentación de ayudas sociales y garantizar, de forma urgente e inmediata, el acceso a prestaciones para cubrir las necesidades básicas, como el ingreso mínimo vital y la renta garantizada de ciudadanía, así como el acompañamiento de las personas y de las familias vulnerables acreedoras de estas ayudas. Hay que estar atento también a los avances en la renta básica universal, actualmente objeto de un plan piloto.
• Ante el incumplimiento de la Ley de bases de régimen local por parte de muchos municipios, es necesaria una actuación decidida del Gobierno para asegurar que se cursan las altas en el padrón municipal de todas las personas que viven efectivamente en el municipio como vía de acceso a servicios y derechos básicos.
• Se debe garantizar el acceso a derechos a las personas migrantes, independientemente de su situación administrativa, y valorar la idoneidad de una regularización extraordinaria de la población que actualmente reside en Cataluña.
• Es necesario establecer medidas de incremento del parque de vivienda social y regularizar el precio de alquiler a través de un nuevo plan nacional de la vivienda en Cataluña.
• Hay que avanzar hacia un modelo de atención y cuidado de las personas mayores y de las personas con discapacidad y con problemas de salud mental basado en la escucha y el respeto de la voluntad, y en el que la institucionalización sea una opción residual, y en todo caso deseada, con las garantías y soportes necesarios para asegurar una atención adecuada.
• Hay que poner fin a las listas de espera y mejorar la cobertura de las plazas públicas de servicios residenciales y de atención diurna, cuya necesidad ha aumentado a causa de la pandemia.
• Es necesario abordar una estrategia para combatir la soledad y el aislamiento no deseados y avanzar hacia un acuerdo social y político para afrontarlos
• Es necesario facilitar las medidas de conciliación familiar para la mejor atención y cuidado de las personas dependientes.
• Debe mejorarse la inversión en educación para resolver las desigualdades existentes, combatir la segregación y atender las necesidades detectadas, como medida inmediata y también a medio plazo.
• Es necesario recuperar la estrategia catalana de sinhogarismo.
• Es necesario establecer un plan de choque contundente para impulsar la inserción laboral de los colectivos vulnerables y el empleo juvenil.
• En el marco de la sociedad digital, debe combatirse la brecha digital existente y que afecta a las personas más vulnerables, en todos los ámbitos de la vida pública y privada, especialmente en la educación y en el acceso a servicios, actividades y prestaciones a través de vías digitales.

3. En cuanto al papel del tercer sector social

• Se solicita una regulación de la financiación estable y transparente para el tercer sector social, ya que desarrolla funciones de servicio público.

• Es necesario impulsar una ley del tercer sector social y una nueva actualización en la tarificación de los servicios públicos y garantizar el pago de todos los servicios contratados, concertados, plazas públicas y privadas.

• Es necesario generar líneas de ayudas y/o fórmulas de compensación para el sector en relación con los sobrecostes derivados de la pandemia y las medidas preventivas y de protección de la salud, y para compensar la pérdida de ingresos provocada por la crisis sanitaria.

• Es necesario hacer interoperables y compatibles las bases de datos de la Generalitat y de los servicios sociales municipales para mejorar y facilitar la gestión de las ayudas y soportes sociales a las familias vulnerables.

• Es necesario regular la acción concertada como instrumento de colaboración público-privado reservado en exclusividad a las entidades que forman parte del tercer sector social.

Barcelona, 14 de diciembre de 2021