Los obispos catalanes reclaman una respuesta humanitaria inmediata tras el desalojo de la nave B9 de Badalona

La Conferencia Episcopal Tarraconense alerta de la situación de centenares de personas que han quedado en la calle en pleno invierno y pide avanzar en soluciones estructurales frente al sinhogarismo.

Los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense (CET) han hecho pública una nota en relación con el desalojo de la nave B9 de Badalona, producido ayer, que ha dejado a centenares de personas en situación de extrema vulnerabilidad, sin alternativa habitacional y a la intemperie en pleno invierno.

En su comunicado, los obispos señalan que este desalojo interpela con urgencia tanto a la Iglesia como a la sociedad en su conjunto, y lamentan que no se haya contemplado ninguna medida excepcional, como una “tregua invernal”, tal y como se aplica en otros países europeos.

El texto subraya la necesidad de poner a las personas en el centro, rechazando los discursos que deshumanizan a quienes viven situaciones de pobreza y exclusión por su origen o condición social. En este sentido, los obispos denuncian actitudes de aporofobia y xenofobia y recuerdan que la respuesta cristiana y social debe basarse en la dignidad y los derechos de todas las personas.

Ante esta situación, la CET considera que la respuesta no puede ser el silencio ni la indiferencia, y reclama de manera prioritaria una respuesta humanitaria inmediata. Asimismo, apunta a la necesidad de analizar en profundidad las causas que generan estas realidades y de avanzar con mayor agilidad en la tramitación de la ley del sinhogarismo, actualmente en proceso.

Los obispos hacen también un llamamiento a las administraciones públicas y a las entidades del tercer sector para abrir con urgencia una mesa de diálogo, con la participación de representantes de las personas afectadas, que permita articular una respuesta coordinada a corto plazo y una estrategia a medio plazo.

Finalmente, el comunicado recuerda que la Iglesia católica viene defendiendo desde hace tiempo un modelo integral y alternativo de gestión de la inmigración, basado en el diálogo, la convivencia y la garantía de derechos, y advierte de que las soluciones no pueden pasar por enfrentar a colectivos en situación de precariedad.