La Taula del Tercer Sector plantea 12 retos sociales prioritarios para 2023 y apresura para cerrar el acuerdo de nuevos presupuestos

A las puertas de 2023, la Taula de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña -que agrupa a 35 federaciones y grandes organizaciones que representan a 3.000 entidades sociales que trabajan para erradicar la pobreza, la exclusión y las desigualdades- plantea cuáles son las prioridades sociales para el próximo año, retos fundamentales para garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad tengan acceso a los derechos sociales en medio de una crisis social de gran envergadura.

Para la Taula del Tercer Sector es preocupante llegar a finales de año sin tener todavía un acuerdo de nuevos presupuestos del Govern que permitan sacarlos adelante de manera inminente y recuerda que, en esta carrera a contra reloj, las principales perjudicadas son las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Por ello, apresura a los partidos políticos a acelerar el acuerdo cuanto antes. «Cada día que pasa es una oportunidad perdida para contar con más medidas sociales que palien la pobreza crónica y la sobrevenida, generada por los últimos episodios económicos (Ucrania, inflación y crisis energética), para que las personas que perciben una prestación social, como la renta garantizada de ciudadanía, dispongan de más dinero de bolsillo o para que mejore la inversión en políticas de infancia,  uno de los colectivos más golpeados por la pobreza» ejemplifica la Taula, que espera que el 2023 sea un año de estabilidad política con el objetivo de acelerar el ritmo de aplicación de las políticas sociales pendientes. «En los últimos años, los governs no han superado prácticamente los dos años de legislatura y eso tiene un impacto directo en las personas porque son governs que tienen que desarrollar las políticas sociales a bambalinas y sin una perspectiva a medio y largo plazo. En este contexto tan incierto y complejo, esta estabilidad política es esencial».

Los 12 retos sociales prioritarios para 2023

1. Mejorar las prestaciones sociales. Este año el debate político se ha centrado en la modificación de la renta garantizada de ciudadanía para ampliar su cobertura, flexibilizar sus requisitos y hacer que sea complementaria con las ayudas a la vivienda. Sin embargo, queda pendiente la correcta coordinación entre la renta garantizada de ciudadanía y el ingreso mínimo vital, dos prestaciones que aseguran unos ingresos mínimos para cubrir necesidades básicas, sin embargo, que conviven de manera problemática.
2. Mejorar el acceso a los derechos sociales, reducir las trabas burocráticas y avanzar hacia la creación de una ventanilla única. El incremento del 8% del IRSC, el baremo de acceso a las prestaciones sociales congelado desde hace 12 años, es el avance más importante de este año, que sólo será efectivo siempre que los nuevos presupuestos salgan adelante. Aparte del IRSC, hay que simplificar y agilizar los procesos administrativos para que sean más eficientes y eficaces. La burocracia, excesiva y harto cometidas, está dificultando que las personas en situación de vulnerabilidad tengan acceso a sus derechos.
3. Desarrollar completamente el convenio que regula la pobreza energética, firmado entre la Generalitat y ENDESA, y ampliarlo al resto de empresas suministradoras. Se cierra el año con la condonación de la deuda de la luz generada por 41.000 familias durante 2021, sin embargo, falta aplicar los otros compromisos del convenio como la creación del fondo de atención solidaria, la generalización de la instalación de los contadores sociales y la ampliación del convenio con el resto de empresas energéticas.
4. Desarrollar el 2º Plan Estratégico de Servicios Sociales. En un momento de crisis social como el de ahora, hay que fortalecer el sistema de protección social. El plan es una herramienta básica para dignificar, modernizar y transformar los servicios sociales para que estos sean capaces de dar respuesta a las nuevas necesidades sociales y para que se ponga más énfasis en la prevención.
5. Actualizar la Cartera de Servicios Sociales. Este año las tarifas de los servicios sociales han incrementado un 3%, un porcentaje insuficiente para recuperar la diferencia de coste desde que las tarifas quedaron congeladas. Además, no se ha avanzado en la revisión de la cartera de servicios, fundamental para garantizar una adecuada atención a las personas y una remuneración correcta a las profesionales.
6. Dotar de recursos suficientes el despliegue del nuevo Marco de acción para el abordaje del sinhogarismo en Cataluña 2022-2025. Este año se ha registrado en el Parlament la proposición de ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente y erradicar el sinhogarismo y se ha aprobado un nuevo Marco de acción para abordar el sinhogarismo en Cataluña (2022-2025). Hay que acelerar la aprobación de esta proposición de ley y destinar los recursos necesarios para desarrollar el Marco de acción para que el fenómeno del sinhogarismo no para de crecer. En solo un año, ha subido un 16% las personas que viven en la calle en Barcelona y ya hay 1.231, según el último recuento de junio. Se estima que hay más de 2.300 en esta misma situación en el conjunto de Cataluña.
7. Aprobar e implementar políticas efectivas de lucha contra la pobreza infantil. Los niños siguen siendo uno de los colectivos más castigados por la pobreza. En Cataluña, la tasa de pobreza infantil es del 33%, una de las más altas de toda Europa. Entre otras medidas, hay que desarrollar el Plan de mejora del sistema de atención a la infancia, la adolescencia, la juventud y sus familias, aprobado a principios de 2021, que pretende mejorar su atención, preservar sus derechos y asegurar su inclusión social.
8. Aprobar definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Vivienda e incrementar los recursos para la promoción de nuevas viviendas de alquiler social. El plan orienta sobre la aplicación de las políticas de vivienda y concreta y territorializa las actuaciones que hay que llevar a cabo. Por otro lado, los recursos en políticas de vivienda deben incrementarse porque el parque de vivienda de alquiler social sigue siendo ínfimo. No llega ni al 2% del total de viviendas, muy por debajo de la media europea que es del 15%.
9. Mejorar la financiación de las políticas activas de empleo y avanzar en el impulso de los consejos territoriales. Recientemente, se ha aprobado el acuerdo de concertación territorial en el que administraciones, agentes sociales y económicos y entidades de cada territorio serán las encargadas de diseñar y aplicar los servicios y programas de empleo de acuerdo con las necesidades de las personas y las empresas. La prestación de estos servicios aún es a través de las convocatorias de subvenciones que a menudo generan situaciones de inseguridad jurídica para las entidades sociales que se presentan y poca continuidad en la prestación de servicios para las personas atendidas.
10. Impulso definitivo del modelo de atención integrada social y sanitaria que ofrece una mirada holística a las necesidades de las personas y que debe permitir que, los Departamentos de Derechos Sociales y Salud, se coordinen y trabajen de forma conjunta y no de manera estanca, como está sucediendo ahora. El modelo debe permitir también mejorar la atención a las personas que tienen unas necesidades más complejas, como las personas mayores, con discapacidad o con problemática de salud mental, entre otros colectivos.
11. Transformar el actual modelo de subvenciones hacia un modelo más estable, justo y coherente. Ya se está trabajando con el Govern, sin embargo, hay que avanzar en la mejora del calendario de las convocatorias de subvenciones para que se publiquen demasiado tarde. Como consecuencia, las entidades sociales están adelantando el dinero de los proyectos sin saber si recibirán financiación y, en caso de que sí, sin saber la cuantía y cuándo recibirán estos recursos económicos.
12. Aprobar y desarrollar la Ley del Tercer Sector Social, un marco legal indispensable para reconocer el trabajo y la contribución de las entidades sociales a la sociedad y al bienestar de las personas en situación o riesgo de exclusión social.