El incremento extraordinario de costes de los suministros hace que una de cada cuatro entidades vea peligrar su viabilidad económica

Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) el IPC, el índice de precios al consumo del año 2022 se cerró con una media del 5,8% (alcanzando un pico en julio de 2022 del 10,8%) y la inflación fue la peor sufrida desde 1986. Los últimos datos de febrero de 2023 no son mejores: la variación interanual se sitúa con un 6,1%, 2 décimas por encima de enero.

Los datos que nos muestran las entidades del Tercer Sector Social reflejan, como no podía ser de otra manera, esta realidad:

• Respecto al año 2021, los gastos de electricidad de 2022 se han incrementado, un 65,66%, los de gas un 60,38% y los de alimentación un 17,79%. La suma de los gastos de luz, gas y alimentación se ha incrementado una media del 31,21% en el año 2022. 
• Se estima que el Tercer Sector Social ha soportado un sobrecoste de 281,5 M de euros debido al aumento de precios de los suministros energéticos y de alimentación.
• Además, el 70% de las entidades sociales ha tenido otros conceptos de gasto que se han incrementado de forma extraordinaria, especialmente el combustible, los alquileres, la limpieza y el mantenimiento.
• El 92% de las entidades sociales ha tomado alguna medida para contener el incremento extraordinario de gastos derivados de la inflación. En un 63,1% de los casos han optado por implementar medidas de eficiencia energética, fundamentalmente la instalación de placas solares fotovoltaicas o la reducción del uso del aire acondicionado o la calefacción, medidas que no han servido en ningún caso para evitar el impacto económico en las entidades.  
• En cuanto al cierre económico del ejercicio 2022, un 37% de las entidades prevé cerrar en negativo, y de ellas, el 79% consideran que el incremento de costes de suministros y alimentación ha influido en este resultado.

En cuanto a las consecuencias directas de este incremento extraordinario de costes, destaca que:

• 1 de cada 4 entidades sociales ve peligrar su viabilidad económica a raíz del incremento extraordinario de costes.
• Un 5% de las entidades se ven o se verán obligadas a cerrar servicios y/o a reducir la atención a las personas si no se impulsan medidas específicas de compensación.

Ante estos datos alarmantes, La Confederación y la Mesa del Tercer Sector Social piden al Gobierno el impulso de un plan de medidas urgente que permita asegurar la continuidad de la atención a las personas y la sostenibilidad de las entidades sociales del país. En concreto, se reclama:

• La creación de un fondo extraordinario de recursos económicos que compense los sobrecostes soportados por las entidades sociales.
• Asegurar la implantación de medidas de compensación de sobrecostes equitativas, dirigidas al conjunto de la red pública de atención social, independientemente de quien la gestione, bien sea la administración pública directamente, bien sea una entidad social.    
• El impulso de líneas de ayudas específicas para acelerar reformas estructurales y de transición energética.
• La implantación de un sistema de revisión anual de precios de los servicios para que una situación de incremento extraordinario de costes como el actual no tenga que estar soportada por las entidades sociales.