Cáritas Cataluña reclama un despliegue más ambicioso de la renta garantizada de ciudadanía (RGC)
La entidad recuerda que en el año 2021 tan solo el 28 % de las personas en situación de pobreza severa en Cataluña eran perceptoras de la RGC
Las diez Cáritas Diocesanas con sede en Cataluña consideran que el despliegue de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) es insuficiente y se queda corta ante la emergencia social, donde una de cada tres personas en Cataluña vive en exclusión social. El último informe FOESSA en Cataluña alertaba de que en el año 2021 tan solo el 28 % de las personas en situación de pobreza severa eran perceptoras de la RGC. «En mayo de 2022, solo 172.766 personas son beneficiarias, una cifra insuficiente para llegar a todas las personas en situación de exclusión del conjunto de Cataluña», han afirmado desde Cáritas.
Càritas Catalunya forma parte de la Comisión de Gobierno de la RGC por medio de su pertenencia a la Mesa del Tercer Sector y sigue trabajando conjuntamente desde la Mesa con los mismos objetivos colectivos. Sin embargo, la entidad hace patente la urgencia de respuestas para garantizar el acceso a la RGC a todas las personas en situación de vulnerabilidad. Por este motivo Cáritas Cataluña reitera su posicionamiento para una mejora inmediata de la prestación.
Los requisitos para acceder son demasiado excluyentes y muchos de los colectivos vulnerables de nuestra sociedad quedan fuera. También constata las dificultades para recopilar todos los documentos necesarios para demostrar la situación de insuficiencia de recursos.
La voluntad de la aprobación de esta prestación del año 2017 fue la de asegurar los mínimos de una vida digna para todos, pero la vigente inflación, las limitaciones y las trabas burocráticas existentes evidencian que no se está alcanzando.
Ante las situaciones de pobreza sobrevenida y la incertidumbre resultante de esta realidad, pedimos que se reduzcan los plazos para dictar la resolución administrativa de la prestación. Asimismo, también es necesaria una actualización del indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), congelado desde hace 12 años, periodo en el que el IPC ha aumentado un 27 %. Esta, debe convertirse en una realidad en la próxima Ley de presupuestos, para garantizar un incremento en la cuantía y permitir que más personas con rentas bajas puedan acceder a ella.
La aparición, en el año 2020, del ingreso mínimo vital (IMV) estatal, del que la RGC es subsidiaria, ha supuesto una liberación de recursos en la partida del Departamento de Derechos Sociales. Càritas Catalunya pide, por tanto, un aumento real del gasto presupuestario a través de los fondos provenientes del ahorro de los expedientes otorgados al IMV. Asimismo, propone reducir de 24 a 12 meses el requisito de residencia continuada y efectiva en Cataluña, con el fin de facilitar la concesión de esta prestación, tal y como ya se establece a la hora de percibir el IMV. Finalmente, no hay que olvidar la necesidad de establecer la armonización definitiva de las dos prestaciones.
El trabajo de seguimiento y profundidad por parte de la Comisión de Gobierno y el grupo de trabajo es clave para generar consensos y evaluar el impacto de los expedientes ya concedidos. Un trabajo que debe ser complementario a actuaciones rápidas para enmendar las barreras de acceso extensamente conocidas y probadas.
Por todo ello, Cáritas Cataluña reclama a la Administración celeridad en la solución de estas necesidades para que la RGC se convierta en un instrumento real de protección social para toda la ciudadanía.
