La era de la globalización y del libre comercio
La era de la globalización y del libre comercio, especialmente intensa desde la caída del muro de Berlín hasta la actualidad, ha supuesto una transformación del funcionamiento de la economía a nivel mundial, impulsando el intercambio comercial entre países, suprimiendo barreras arancelarias, potenciando las inversiones, difundiendo el conocimiento y la innovación tecnológica. Permite a cada país especializarse en lo que mejor sabe hacer y beneficiarse del intercambio comercial y cultural, adquiriendo bienes, conocimientos y servicios a los que no tendría acceso en una situación de aislamiento.
Durante este período de liberalización comercial, diversos estados, en múltiples ocasiones, han recurrido a la imposición de aranceles, tributos aplicados sobre las importaciones, como respuesta a tensiones económicas o comerciales. Estas medidas, aunque tienen el objetivo de proteger la industria nacional, han conllevado un resultado recurrente: una contracción económica generalizada, fruto de la disminución del comercio internacional y el aumento de costes para los consumidores y las empresas.
La administración Trump ha reintroducido este instrumento con una contundencia y un alcance sin precedentes. Por primera vez en décadas, una gran potencia ha impuesto aranceles con unas magnitudes realmente inéditas, tanto por su nivel excepcionalmente alto como por la amplitud de países afectados, incluyendo aliados comerciales históricos. Esta ruptura con el consenso liberal que había predominado desde la posguerra ha alterado significativamente el orden económico internacional. A pesar de los giros estratégicos que han caracterizado esta política, si finalmente se llegan a aplicar los niveles arancelarios propuestos al inicio del mandato, nos encontraremos nuevamente inmersos en una situación de recesión económica global.
En nuestro país, los presupuestos, diseñados para un escenario de progreso económico, deberán ser inevitablemente corregidos y revisados. Ante este nuevo contexto de incertidumbre y posible recesión, cabe preguntarse: ¿quién acabará asumiendo las consecuencias de estos ajustes?
Las personas más vulnerables continúan siendo invisibles en muchos ámbitos de la vida pública. A menudo no tienen voz, y en muchos casos, ni siquiera disponen de padrón, hecho que las excluye de derechos básicos y las margina institucionalmente. Sus defensores —las entidades sociales y las organizaciones del tercer sector—, que por suerte los tienen, están constituidos por profesionales brillantes, honestos, bienintencionados, con una vocación social admirable, pero trabajan con recursos escasos, que además, a menudo dependen de los diferentes gobiernos.
Ante la necesidad de ajustar los presupuestos, los gobiernos se ven obligados a recortar el gasto público. Estas medidas, aunque presentes en contextos económicos difíciles, afectan de manera desigual, y son las personas en situación de mayor vulnerabilidad las que sufren las consecuencias más graves. A menudo sin voz ni representación efectiva, estos colectivos se convierten en los primeros afectados por la reducción de políticas orientadas a garantizar la cohesión social y la equidad. Así, se perpetúa una situación injusta en la que, a pesar del objetivo de preservar la estabilidad económica, los recortes impactan desproporcionadamente sobre los sectores más frágiles de la sociedad. Ya lo vimos en la crisis económica de 2006. Francesc Roig, expresidente de Cáritas Catalunya, solía decir que los más vulnerables aún sufrían en la actualidad las consecuencias de aquella crisis. Nos encontramos ante la paradoja de que, aunque esta guerra comercial ha sido impulsada por las grandes élites, serán los sectores más frágiles de la población los que sufrirán más duramente sus consecuencias.
Aun así, de vez en cuando, emerge un hilo de esperanza. Hace poco hemos sabido que, en Cataluña, una mayoría parlamentaria ha dado luz verde a la tramitación de una proposición de ley destinada a hacer frente al sinhogarismo, con el objetivo de blindar los derechos de las personas sin hogar. A pesar de los ajustes presupuestarios derivados de las crisis económicas y el inexorable avance de la extrema derecha en Europa y en todo el mundo, todavía hay espacios institucionales donde se mantienen vivas políticas públicas fundamentadas en la equidad y la justicia social, pilares imprescindibles para la construcción de sociedades más justas, prósperas y cohesionadas.
