Fronteras de papel, personas sin derechos e invisibles
El documento, elaborado por Cáritas Cataluña, muestra como el hecho de tener, o no, la situación administrativa regularizada marca la diferencia a la hora de acceder a derechos tan básicos como la vivienda, el trabajo, la formación o la participación, además de repasar ampliamente la larga carrera de obstáculos que deben superar las personas para conseguir "papeles" y dejar de ser ciudadanas de segunda.
La Mesa del Tercer Sector presentó el pasado martes (13 de abril) ‘Fronteres de paper: la irregularitat administrativa i la invisibilització de les persones’,el último dossier del ciclo ‘Cataluña Social’. El documento, elaborado por Cáritas Cataluña, muestra como el hecho de tener, o no, la situación administrativa regularizada marca la diferencia a la hora de acceder a derechos tan básicos como la vivienda, el trabajo, la formación o la participación, además de repasar ampliamente la larga carrera de obstáculos que deben superar las personas para conseguir «papeles» y dejar de ser ciudadanas de segunda. En Cataluña, se calcula que 100.000 personas están en situación irregular.
Durante la presentación del dossier, Francina Alsina, presidenta de la Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, avisó que antes de la Covidien-19 las personas en situación administrativa irregular ya eran invisibles y vulnerables, pero que ahora lo son más . Alsina dijo que con la pandemia, las condiciones de vida de estas personas se han endurecido más en un periodo de tiempo muy corto, de repente, sin posibilidad de reaccionar y sin muchos recursos de apoyo. Además, advirtió que muchas personas que están en proceso de regularización han perdido su trabajo y sin trabajo se ven abocadas a una irregularidad sobrevenida que las deja aún más desprotegidas y sin perspectiva de mejora si no se aplican cambios en las políticas migratorias y de acogida e inclusión.
Aparte de la presentación del dossier, a cargo de Miriam Haga, coordinadora del Grupo de Trabajo de Análisis Social de Cáritas Cataluña, también hubo un debate con entidades sociales expertas en este ámbito que evidenciaron el periplo y la vulneración de derechos que sufren las personas en situación administrativa irregular.
El documento plantea varias medidas a las administraciones (estatal, catalana y locales) para la protección real de las personas migradas, como facilitar el acceso al mercado laboral de las personas migradas con plenas garantías; conceder la autorización de trabajo a los jóvenes migrados solos sin referentes familiares y garantizar el empadronamiento y la atención a los servicios sociales, entre otros.
