Casi la mitad de las familias atendidas por Cáritas Diocesana de Barcelona no pueden pagar los gastos de la vivienda
La COVID-19 lleva asociada una crisis social sin precedentes, tal como muestra el informe [WEB] que Cáritas Diocesana de Barcelona ha hecho público por entender los estragos económicos que ha supuesto para las familias atendidas por la entidad.
Con el título «(Primer) impacto de la crisis de la COVID-19 en las familias atendidas por Cáritas Diocesana de Barcelona», el informe ha entrevistado a 475 hogares atendidos por Cáritas Diocesana de Barcelona entre el 18 y 25 de mayo. Entre otros se ha preguntado sobre el impacto de la crisis de la COVID-19 en el empleo, la situación económica, la vivienda, la convivencia y los cuidados, la educación y la brecha digital, las redes de apoyo y de solidaridad y las expectativas de futuro.
El impacto ha sido muy intenso, con una elevada destrucción de empleo, y un aumento de la tasa de desempleo de 26 puntos porcentuales, lo que ha afectado, a su vez, en la bajada de los ingresos, del 36%. Así, los ingresos provenientes del empleo formal (trabajos con contrato) han caído un 42%, y los provenientes del empleo informal (economía sumergida) un 73%, poniendo de manifiesto la mayor vulnerabilidad de las personas que hasta ahora han estado subsistiendo con trabajos precarios. La desprotección de estas personas se agrava, ya que no pueden acceder a las prestaciones por desempleo. En el caso de las personas en situación administrativa irregular es más grave, porque no tienen acceso ni siquiera a la última red de protección recientemente aprobada, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), ni a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).
Esta notable reducción de los ingresos provoca que 1 de cada 4 hogares atendidos por Cáritas Barcelona no tengan ningún tipo de ingreso, que a un 41% de las familias les sea imposible seguir una dieta equilibrada o que un 24% no pueda comprar medicamentos. Además, se agrava una problemática muy extensa en Barcelona y los municipios de su entorno, que es la emergencia habitacional: un 42,9% de los hogares no puede hacer frente a los pagos de alquiler o hipoteca, incrementando el riesgo de ser desahuciadas o perder el hogar.
Por otra parte, la crisis de la COVID-19 y el confinamiento han dificultado la convivencia y la conciliación de la vida laboral y familiar, provocado un aumento de los conflictos en un 19% y la imposibilidad de compatibilizar el trabajo con el cuidado de niños y adolescentes. Así, un 13% de los hogares ha tenido que renunciar a un trabajo para hacerse cuidado de los menores.
A esta situación se suma la brecha digital existente, con un 12% de los hogares sin acceso a internet y un 35% sin habilidades para hacer trámites por esta vía, mientras que en 1 de cada 3 hogares ha bajado el rendimiento escolar, no solo por no disponer de aparatos electrónicos, sino también para otros tipos de dificultades personales.
La crisis y el confinamiento han tenido un impacto negativo sobre la salud, especialmente sobre el estado psico-emocional de las familias. Uno de cada cuatro hogares ha visto como empeoraba el estado físico general de sus miembros y en 7 de cada 10 la crisis ha provocado un incremento de la ansiedad y/o la dificultad para dormir.
El estudio nos muestra que la crisis no es igual para todos y que nuevamente las personas más frágiles son las que están sufriendo de manera más intensa un empeoramiento en sus condiciones de vida.
Las familias inician este periodo de nueva normalidad con una situación de mayor vulnerabilidad, ya que sus condiciones son mucho peores que hace tres meses. Sin embargo, a pesar de este contexto, 9 de cada 10 hogares se muestran esperanzadas por el futuro, y creen que podrán avanzar hacia una vida mejor dentro de una sociedad más amable y solidaria.
